Por Leonel H. Rivas | Abriendo Brecha

La Sala de lo Constitucional embriaga de desfachatez toma una vez más una decisión absurda, pero servicial a sus amos, la derecha oligárquica salvadoreña.

 

La sala da golpe bajo a cientos de miles de usuarios del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (SITRAMSS), al decretar la “habilitación libre de los carriles segregados” para la circulación de este moderno y seguro sistema de transporte, creado para hacer frente al caos del sistema de transporte público en la capital.

En su comunicado la Sala fundamenta su decisión en el “interés público, en el que deben resguardarse simultáneamente los intereses de los demandantes y la Presidencia de la República”, porque según ellos “están en juego varios derechos de la colectividad”. ¿Acaso no es una colectividad importante la de sus usuarios?

A este argumento la Sala agrega “la recusación planteada por el presidente de la República contra cuatro de los magistrados propietarios”, que tiene por objeto impugnar la actuación de los magistrados en el proceso judicial, porque su imparcialidad es cuestionada.

Dichas razones “justifican” según los 4 fantásticos la “medida cautelar” para que “a partir del día once de mayo del presente año, además de los carriles actualmente utilizados, se debe habilitar el uso público libre de los carriles segregados para la circulación del SITRAMSS”.

El mismo presidente de la Corte Suprema de Justicia y de la Sala de lo Constitucional, José Óscar Armando Pineda considera que los cuatro magistrados, tienen una visión parcial sobre los problemas y beneficios del servicio que presta los buses de Sipago para la gente de "a pie".

"La medida cautelar ahora adoptada no es idónea, ya que podrían haberse establecido otros mecanismos que concilien o aproximen ambos intereses y que podrían haber incidido en menor medida, en los usuarios del sistema de transporte público que utiliza el carril segregado", sostiene Pineda.

La misma Sala reconoce “que es un hecho notorio y evidente que la organización del tráfico vehicular en el área metropolitana de San Salvador constituye uno de los grandes problemas históricamente no resueltos, que genera una serie de efectos colaterales en la vida cotidiana de los habitantes, afectando la economía, las actividades laborales y estudiantiles ordinarias, la salud mental, la seguridad ciudadana y el orden básico de una sociedad, entre otros”.

Pero su descaro no tiene límite, al punto que llaman a “las autoridades competentes --entre ellas el Viceministerio de Transporte y la Policía Nacional Civil-- adoptar de inmediato las medidas que sean necesarias a fin de garantizar la seguridad de las personas”. ¿A caso no es eso lo que precisamente busca el proyecto contra el que atentan tan irresponsablemente?

La medida adoptada por la Sala en nada ayuda a solucionar el problema y lejos de eso lo agudiza. ¿Qué gana el país con frustrar un proyecto en el que se ha invertido millonarias sumas de dinero, para que quede en usanzas de la chatarrera de buses del servicio público, el desorden, la inseguridad y el caos vial que motivaron su construcción?

Esta sentencia de la Sala sólo confirma su papel servil al poder oligárquico y a la derecha miope, cumpliendo al pie de la letra su guion pordiosero de gastar al gobierno y afectar a los de “a pie”, al pueblo que nunca tendrán los privilegios de los que ellos gozan.

Sus desatinos no tienen parangón y deben tener una contundente respuesta.

 

 

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