A 35 AÑOS DE LA MASACRE DE PIEDRAS COLORADAS EN EL RIO LEMPA LA COMUNIDAD SANTA MARTA EN EL DEPARTAMENTO DE CABAÑAS SIGUE EXIGIENDO VERDAD Y JUSTICIA

La huida y la masacre de marzo de 1981 tuvieron lugar en un período de creciente represión y violencia en El Salvador contra catequistas, sindicalistas, estu-diantes, defensores de derechos humanos, activistas organizados y población campesina, al punto de establecer patrón de conducta las matanzas a gran escala como ocurriera antes de Lempa en El Sumpul y posteriormente en La Quesera, Santa Cruz y El Mozote.

Siguiendo la estrategia de quitar el agua al pez y eliminar la base de apoyo civil a la guerrilla, la Fuerza Armada lanzó en los Cantones Santa Marta, Peña Blan-ca y sus alrededores el operativo militar contrainsurgente Tierra Arrasada, que según lo documenta el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Wa-shington (UWCHR) en su reporte que publicada hoy 17 de marzo, notas de prensa de la época informaban “de un tiroteo en el municipio de Villa Victoria, Ca-bañas, que comenzó en la madrugada del 15 de marzo y en el que participaron el Segundo Destacamento Militar de Sensuntepeque, así como refuerzos prove-nientes de otros destacamentos y de la Fuerza Aérea”, como el batallón Atlacatl y la Guardia Nacional.

Los días 17 y 18 de marzo, después de dos días de intensos ataques aéreos y terrestres, miles de personas fueron obligados a cruzar el río Lempa buscando sal-var sus vidas. La población del cantón Santa Marta, Peña Blanca, Los Talpetates, La Pinte, San Felipe, San Jerónimo y otros caseríos aledaños, al encontrarse acorralada no le quedó más escapatoria que huir hacia Honduras, ya que el ejército quemaron sus casas y cosechas, y mataban a cuanta persona encontraban a su paso.

Fue entonces que ocurrió lo peor de la masacre en el cruce del río Lempa en el lugar conocido como Piedras Coloradas; el río se encontraba desbordado, habían abierto con premeditación las compuertas de la represa 5 de Noviembre ubicada en El Guayabo. En la escena se encontraban en ambos lados de la frontera tro-pas de El Salvador y Honduras, y dispararon a la población civil que intentaba cruzar el río. También llegaron helicópteros y aviones que abrieron fuego a la población. En el caos, varias personas fueron arrastradas por el río y otros muchos murieron por heridas de bala, antes, durante y después de cruzar Lempa.

La población que sobrevivió a la guinda de marzo se refugió en la aldea Los Hernández y posteriormente reubicada en La Virtud donde había un total de 7 mil 500 refugiados.
En su reporte de investigación el Centro de Derechos Humanos publica “cinco documentos del gobierno de los EE.UU. recientemente desclasificados que dan información sobre esta masacre” y según sus conclusiones “los oficiales estadounidenses estaban enterados de la matanza de civiles en el río Lempa ejecutada por las fuerzas del estado; no estuvieron en desacuerdo con los hechos reportados por periodistas y grupos de derechos humanos, ni disputaron la responsabili-dad de las fuerzas salvadoreñas por estas muertes”.

El informe de la Comisión de la Verdad hace una breve mención de esta masacre recordando que “el 17 de marzo, al intentar cruzar el río Lempa hacia Hondu-ras, un grupo de miles de campesinos es atacado por aire y tierra, a consecuencia del ataque se reportan entre 20 y 30 muertos y 189 personas desaparecidas”.

Hasta ahora nadie conoce con exactitud la cantidad de muertos, pero estamos completamente seguros que el número cuenta por decenas, más todo el daño psi-cosocial sufrido por la población. Hasta ahora ninguna instancia de Justicia ha mostrado interés alguno de investigar los hechos, a tal punto, que su registro es mínimo y sin abundancia de información documentada; incluso el Informe de la Comisión de la Verdad apenas hace alusión. La mayor cantidad de informa-ción de la que se dispone son los testimonios de los sobrevivientes y las memorias de testigos internacionales que presenciaron el hecho, mientras arriesgaban sus vidas en labores humanitarias ayudando a aquella población.


POR LO ANTERIOR DECLARAMOS:

1. Los sucesos del 15 al 18 de marzo de 1981 son otra evidencia de las muchas violaciones a los Derechos Humanos cometidas por el Estado Salvadoreño contra población civil y luchadores sociales en el pasado conflicto que sufrió el país.

2. Exigimos al Estado Salvadoreño y a la Fiscalía General de la Republica investigue y esclarezca los hechos antes descritos a fin que se conozca la verdad para que las futuras generaciones dispongan de información detallada del otro lado de la historia y se haga justicia por tan espantosos crímenes. Es más, si se quiere hacer justicia sobre los crímenes que a diario se cometen en El Salvador se debe saldar las cuentas del pasado, puesto que el marco de impu-nidad que vive el país respecto a los crímenes del pasado no contribuye hacer justicia sobre los crímenes del presente.

3. A 35 años de la masacre del río Lempa la Comunidad Santa Marta demanda una vez más resarcimiento a las víctimas y que el Estado salvadoreño atien-da con diligencia las carencias de estas poblaciones duramente afectadas por el conflicto.

4. Aprovechamos la oportunidad para solidarizarnos con el pueblo Lenca y las organizaciones defensoras de los derechos indígenas y los recursos natura-les de Honduras, de la misma forma que ellos se solidarizaron con nosotros hace 35 años. Condenamos enérgicamente el brutal asesinato de la coordi-nadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), amiga y compañera de la comunidad Santa Marta, quien exige verdad y justicia para Berta Cáceres.

San Salvador, 17 de marzo de 2016

 

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