La comunidad Santa Marta, sus diversas estructuras organizadas y habitantes en general, denuncian ante la opinión pública y las instancias correspondientes la desaparición de MANUEL DE JESUS LOPEZ BONILLA y JOSÉ ANTONIO BONILLA LAINEZ, desde el pasado miércoles 30 de noviembre, a manos de la Unidad Anti Pandillas de la Policía Nacional Civil y Fiscalía General de la República.

El hecho constituye una violación de Derechos Humanos que consideramos perjudicial a la salud física y psíquica de los jóvenes y sus familias, a la misma vez, que lo consideramos peligroso para la estabilidad comunitaria y el buen proceder policial y judicial de nuestro país.

Además, que las familias y la comunidad desconocen el paradero de los jóvenes, en plena violación de su derecho a la integridad física, psíquica y moral, a los jóvenes, se les está negando el derecho a ser asistidos por un abogado, violando sus garantías constitucionales al debido proceso.

En estos días, oficiales de la Unidad Anti Pandilla han llamado constantemente a las familias, repitiendo el mismo mensaje: “que no hagan nada, por el bien de los jóvenes y toda la familia”, que si quieren verlos pueden hacer a solas sin sus abogados y que también les digan a los jóvenes que colaboren con ellos”, claras estrategias de presión psicológica.

Como comunidad organizada y familias de los jóvenes nos declaramos preocupados e indignados ante lo sucedido, y responsabilizamos a la Policía Nacional Civil y a la Fiscalía General de la República de estos graves hechos en contra de los jóvenes Manuel y José Antonio, y de lo que les pueda pasar en su contra, en contra de sus familias y de la comunidad que los acompaña en esta denuncia.

POR LO ANTERIOR DECLARAMOS:

  1. Denunciamos a la Policía Nacional Civil y Fiscalía General de la República por violentar lo que establece la Constitución de la República, la Ley General de Juventud y otros pactos internacionales en cuanto a la integridad física, psíquica y moral, así como la seguridad de los jóvenes y de sus familias.

  2. Exigimos que el Director General de la PNC, el Ministro de Justicia y Seguridad Pública y Fiscal General, brinden un informe sobre los hechos planteados, indiquen la ubicación exacta donde se encuentran los jóvenes, y que se garanticen su derecho a ser asistidos por sus abogados.

  3. De manera enérgica exigimos que el Director General de la PNC y al Fiscal General, haga cesar las llamadas telefónicas y presiones hacia los familiares por parte de la Unidad Anti Pandillas, y que se separe a los jóvenes de esa unidad en lo inmediato, permitiendo que se realice el debido proceso.

  4. Solicitamos que la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos se pronuncie sobre estas graves violaciones de Derechos Humanos, antes del inicio de las vacaciones.

  5. Solicitamos a la Fiscalía General de la República que se desarrolle una investigación siguiendo el debido proceso, imparcial y transparente, para el esclarecimiento de los graves hechos ocurridos en nuestra comunidad.

  6. Pedimos a los medios de comunicación y al pueblo en general, estar atentos al desarrollo de la situación de desaparición y acompañarnos en nuestras denuncias hasta la aparición de nuestros hijos, hermanos, compañeros y vecinos.

San Salvador, 15 de diciembre 2016

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