La comunidad Santa Marta, sus diversas estructuras organizadas y habitantes en general, denuncian ante la opinión pública y las instancias correspondientes la desaparición de MANUEL DE JESUS LOPEZ BONILLA y JOSÉ ANTONIO BONILLA LAINEZ, desde el pasado miércoles 30 de noviembre, a manos de la Unidad Anti Pandillas de la Policía Nacional Civil y Fiscalía General de la República.
El hecho constituye una violación de Derechos Humanos que consideramos perjudicial a la salud física y psíquica de los jóvenes y sus familias, a la misma vez, que lo consideramos peligroso para la estabilidad comunitaria y el buen proceder policial y judicial de nuestro país.
Además, que las familias y la comunidad desconocen el paradero de los jóvenes, en plena violación de su derecho a la integridad física, psíquica y moral, a los jóvenes, se les está negando el derecho a ser asistidos por un abogado, violando sus garantías constitucionales al debido proceso.
En estos días, oficiales de la Unidad Anti Pandilla han llamado constantemente a las familias, repitiendo el mismo mensaje: “que no hagan nada, por el bien de los jóvenes y toda la familia”, que si quieren verlos pueden hacer a solas sin sus abogados y que también les digan a los jóvenes que colaboren con ellos”, claras estrategias de presión psicológica.
Como comunidad organizada y familias de los jóvenes nos declaramos preocupados e indignados ante lo sucedido, y responsabilizamos a la Policía Nacional Civil y a la Fiscalía General de la República de estos graves hechos en contra de los jóvenes Manuel y José Antonio, y de lo que les pueda pasar en su contra, en contra de sus familias y de la comunidad que los acompaña en esta denuncia.
POR LO ANTERIOR DECLARAMOS:
- Denunciamos a la Policía Nacional Civil y Fiscalía General de la República por violentar lo que establece la Constitución de la República, la Ley General de Juventud y otros pactos internacionales en cuanto a la integridad física, psíquica y moral, así como la seguridad de los jóvenes y de sus familias.
- Exigimos que el Director General de la PNC, el Ministro de Justicia y Seguridad Pública y Fiscal General, brinden un informe sobre los hechos planteados, indiquen la ubicación exacta donde se encuentran los jóvenes, y que se garanticen su derecho a ser asistidos por sus abogados.
- De manera enérgica exigimos que el Director General de la PNC y al Fiscal General, haga cesar las llamadas telefónicas y presiones hacia los familiares por parte de la Unidad Anti Pandillas, y que se separe a los jóvenes de esa unidad en lo inmediato, permitiendo que se realice el debido proceso.
- Solicitamos que la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos se pronuncie sobre estas graves violaciones de Derechos Humanos, antes del inicio de las vacaciones.
- Solicitamos a la Fiscalía General de la República que se desarrolle una investigación siguiendo el debido proceso, imparcial y transparente, para el esclarecimiento de los graves hechos ocurridos en nuestra comunidad.
- Pedimos a los medios de comunicación y al pueblo en general, estar atentos al desarrollo de la situación de desaparición y acompañarnos en nuestras denuncias hasta la aparición de nuestros hijos, hermanos, compañeros y vecinos.
San Salvador, 15 de diciembre 2016