Redacción Abriendo Brecha

La comunidad Santa Marta difunde un “mensaje de alerta”, advirtiendo que “el caso de los jóvenes Manuel de Jesús y José Antonio, con graves violaciones a los Derechos Humanos, está más allá de lo simple de dos jóvenes procesados”, por lo que hacen “la siguiente denuncia”.

“La Fiscalía y la Unidad Antipandillas de la Policía Nacional Civil se han embarcado en una delicada empresa, que atenta contra la seguridad física y psicológica de estos jóvenes, sus familias y la comunidad Santa Marta”.

“Desde un principio la Fiscalía y la Unidad Antipandillas, han tenido un cuestionado procedimiento que hemos denunciado en repetidas ocasiones. Han obstaculizado por cinco veces la realización de la prueba de reconocimiento y junto a la Unidad Antipandillas han frustrado en tres ocasiones la Audiencia Preliminar, al mentirle a la jueza, a sus familias y abogados, sobre el real paradero de los jóvenes, sacrificando su derecho a una justicia pronta y efectiva”, denuncian en el nuevo comunicado.

En su alocución Santa Marta “alerta” “sobre otras preocupantes situaciones, que reviven viejos temores, que creímos superados”, aseguran. “La persecución de la que están siendo objeto, líderes de nuestra comunidad por efectivos de la Policía Nacional Civil, quienes incursionan en vehículos particulares para tomarles fotografías, al igual que a sus viviendas. Dicho acoso consideramos es el resultado de las denuncias que se vienen realizando sobre las prácticas violatorias de la PNC y la Fiscalía” en torno al caso de estos dos jóvenes.

Aseguran tener “información que la Fiscalía dispone de una lista de personas de la comunidad, que buscan vincular sin fundamento alguno con estructuras ilegales, la misma información que en otros momentos han manejado grupos delictivos, y nos parece muy sospechoso que la Fiscalía, la PNC y los grupos de delincuentes manejen la misma información”.

Pobladores de esta comunidad y familiares de estos jóvenes habían denunciado antes “la compra de testigos falsos”, porque según este nuevo comunicado, dichos testigos buscan “incriminar a estas personas y a los jóvenes, lo cual es un delito muy grave y una práctica repudiable”.

A sus pobladores y comunidad internacional, alertan de “posibles acciones de la Fiscalía y la Policía contra los liderazgos comunitarios que buscan criminalizarles”, por lo que llaman a la “Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos” “se pronuncie sobre estas graves violaciones -a los derechos de los jóvenes- y le reiteramos nuestro llamado a estar alerta”, sobre futuras situaciones.

La comunidad responsabiliza “a la Fiscalía y a la Policía Nacional Civil, de cualquier hecho de violencia y persecución contra nuestra comunidad, nuestro líderes y lideresas, y pobladores”.

La audiencia para Manuel y Antonio está programada para el jueves 8 de junio en el Juzgado de Primera Instancia de Sensuntepeque, a las 10:00 de la mañana, pues la del 1 de junio fue suspendida por la jueza, pues no era cierto que los jóvenes se encontraran en las bartolinas de Conchalio, como lo aseguró la Unidad Antipandillas a la Unidad de Traslado de Reos de la Corte el 29 de mayo, cuando se aplazó la segunda audiencia, por no estar presente, pero que ahora ya están en poder de la jueza.

Santa Marta es una comunidad con un pasado de lucha, una visión antisistema, lo que ha acarreado serias contradicciones políticas y sufrido en el pasado grabes violaciones a los derechos humanos, por lo que llaman “a la institucionalidad del Estado ser garante de una paz duradera”.

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