Por Ramiro Laínez / Abriendo Brecha / 01/17/2021


Este 16 de enero se cumplieron 29 años que se firmaron los Acuerdos de Paz; este acontecimiento histórico permitió la transformación de la institucionalidad del Estado salvadoreño, al romper con la dinámica de persecución, represión, violación sistemática a la libertad de expresión, reunión y los derechos humanos.

Son lamentable las declaraciones del presidente de la república que la “guerra” y los acuerdos de paz fueron “una farsa”; porque si no los hubiera habido, se continuaría con más masacres, hundimiento de la economía, persecución política, restricción de la movilidad y libertad de expresión. Debido a esto hubo la necesidad de emprender el camino de la democracia de manera dialogada, porque a pesar de las imperfecciones y las necesidades de mejorar la calidad de vida de la población, la firma de los Acuerdos de Paz ha supuesto una vida muy distinta para las generaciones de la postguerra.

Para las personas que nacimos en medio de la guerra, crecimos escuchando combates en las colinas de la comunidad Santa Marta, como niños observamos crímenes como el caso del joven Julio Castillo que murió en manos de la Policía de Hacienda (PH) en el año 1990 en la falda del cerro de la colonia La Ceiba en Santa Marta, asesinato que forma parte de las más de 75.000 víctimas, contabilizados desde los 70s a 1992 según registros, hechos que nos marcaron para toda la vida y que todavía siguen impunes.

Veintinueve años han pasado y siempre recordaremos a todas aquellas personas que dieron su vida por las causas de lucha; también recordaré siempre la euforia que se vivió en la plaza de la comunidad Santa Marta en enero de 1992, donde jóvenes de las milicias populares, hombres, mujeres campesinas, niñas y niños celebrábamos con una sonrisa el anuncio que se transmitía por la radio, que se firmaban los acuerdos de paz que ponía fin a la guerra civil en El Salvador.

Rechazo que se señale como “una farsa” un hecho tan emblemático, que sentó las bases y la posibilidad de avanzar cada vez más, hacia un país mejor, en paz y con justicia social. Mancillar la memoria colectiva del pueblo salvadoreño, con el único objetivo de concentrar poder e intentar liquidar la democracia, y frustrar el pensamiento de todas aquellas personas que aspiramos a construir un estado de derecho, es totalmente condenable.

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