Por Leonel Herrera*
El gobierno de El Salvador le miente a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en relación a la detención arbitraria y el injusto proceso judicial contra los líderes comunitarios de Santa Marta y ADES. En respuesta a una petición de información sobre el caso, la administración de Nayib Bukele y sus hermanos expone una situación totalmente opuesta a la realidad de los hechos.
En una nota enviada el pasado 8 de marzo, Naciones Unidas pidió al gobierno de El Salvador información sobre la base legal de la acusación, la justificación de las detenciones, la situación humanitaria de los detenidos y las medidas adoptadas para garantizar el respeto de sus derechos. La nota está firmada por la Relatora Especial sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos; el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; el Relator Especial sobre la Cuestión de las Obligaciones de Derechos Humanos Relacionadas con el Disfrute de un Medioambiente sin Riesgos, Limpio, Saludable y Sostenible; y el Relator Especial sobre los Derechos Humanos al Agua Potable y el Saneamiento.
Dichas relatorías hacen eco de las denuncias sobre las irregularidades del proceso judicial, certifican que los detenidos son defensores de derechos humanos y que “fueron parte del exitoso movimiento para proteger las fuentes de agua del país de los impactos negativos de la minería metálica y convenció a la Asamblea Legislativa de aprobar por unanimidad la Ley de Prohibición de la Minería de Metales en 2017”.
En su respuesta, enviada dos meses después, el gobierno de los Bukele miente, miente descarada y cínicamente. La nota, firmada por la Comisión Permanente de El Salvador ante las Naciones Unidas, niega todos los abusos y violaciones de derechos humanos cometidas contra los defensores ambientales de Santa Marta y ADES cometidas por la Fiscalía General de la República, el Sistema Penitenciario y los tribunales de justicia (Juzgado de Paz de Victoria, Juzgado de Primera Instancia de Sensuntepeque, Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia y Cámara de Segunda Instancia de la Sección del Centro de Cojutepeque).
El gobierno afirma en su respuesta que hay suficientes pruebas contra los ambientalistas detenidos, que la acusación es legal, que no se ha vulnerado el debido proceso y que todos sus derechos han sido garantizados.
Nada más alejado y distinto a la realidad. Como se ha denunciado nacional e internacionalmente, la Fiscalía tiene como principal prueba un sospechoso testigo de referencia, la acusación violenta la Ley de Reconciliación Nacional y los Acuerdos de Paz, la detención provisional es totalmente injustificada y a los detenidos se les han violentado la presunción de inocencia y sus derechos a la salud, a la integridad y a la defensa técnica. Sus familiares no los ven desde el 19 de enero y el abogado defensor no tiene acceso a ellos desde el 9 de marzo, a pesar de que el gobierno lo niega en su respuesta a la ONU.
El aval que -en su respuesta a Naciones Unidas- el gobierno da a todas las arbitrariedades de la Fiscalía y el Sistema Judicial podría interpretarse como una confirmación del posible involucramiento del Ejecutivo y -principalmente- Casa Presidencial en el caso, a partir de su intención de reactivar la minería metálica a pesar de estar prohibida por una ley resultante de un amplio consenso nacional anti minero.
Lo confirma también el silencio gubernamental y la falta de explicaciones oficiales sobre por qué El Salvador se ha incorporado a un panel de países que promueven la minería, por qué hay una partida presupuestaria para “revisar y actualizar” la ley que prohíbe la minería y por qué se aprobó una nueva ley de la Dirección de Energía Hidrocarburos y Minas que incluye la minería de metales.
El gobierno tampoco se ha pronunciado sobre la presencia de personas desconocidas buscando comprar o alquilar terrenos con potencial minero en Cabañas ni ha negado la inclusión del tema minero en sus negociaciones sobre posibles acuerdos comerciales, compra de la deuda pública y financiamiento de mega obras de infraestructura con potencias extranjeras.
Volviendo a la solicitud de información de las relatorías de la ONU y a la falaz respuesta gubernamental, está claro que el abusivo e ilegal proceder del Estado salvadoreño contra los defensores ambientales que se oponen a la minería metálica es un escándalo internacional repudiado por cada vez más personas, organizaciones e instituciones en el mundo. Este repudio crecerá más rápidamente tras la reciente resolución de la Cámara de Cojutepeque que ratificó ilegalmente la detención de los líderes comunitarios.
Los dos magistrados suplentes que resolvieron contra los defensores ambientales violentaron jurisprudencia de la misma Cámara, de la Sala de lo Constitucional, de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de varios tratados internacionales. Los sádicos magistrados llegaron al extremo de la ilegalidad e indolencia planteando, por ejemplo, que padecer enfermedades crónicas no es motivo para otorgar medidas sustitutivas a la detención provisional.
Finalmente, es importante señalar que, al mismo tiempo que resolvía mantener la prisión para los defensores ambientales de Santa Marta y ADES, el sistema judicial salvadoreño liberaba a los cómplices del feminicida serial de Chalchuapa que violó, torturó y asesinó a decenas de mujeres pobres y humildes. Esa es la “nueva justicia” en la era del Clan Bukele.
*Periodista y activista social.
